Hoy miércoles, la Contraloría General de la República emitió un dictamen, en el que se señala que el protocolo de objeción de conciencia por la Ley de aborto en tres causales “no se ajusta a derecho”.

El órgano fiscalizador señala que “los establecimientos públicos de Salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.

Asimismo, explican que “las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la Objeción de Conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud , y que forman parte de la red pública de Salud”.

Contraloría se pronunció sobre este protocolo, a raíz de las presentaciones ingresadas por parlamentarios de oposición, tras el cambio hecho por el Ejecutivo al documento que regulaba la objeción de conciencia institucional, y que permitía a instituciones privadas -con convenios de prestación de servicios de salud con el Estado-, a negarse a realizar abortos en alguna de las tres causales.

Con esta determinación, la iniciativa impulsada en la Contraloría por un grupo de parlamentarios críticos del liderazgo del ministro Emilio Santelices queda sin efecto, tras considerar que la autoridad incurrió en una serie de irregularidades distorsionando el sentido de la ley aprobada bajo el mandato de Michelle Bachelet.


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