Nuevamente Carabineros se ve involucrado en un escándalo institucional  de los tanto en lo que esta involucrados el Medio Periodístico Ciper, saco a la luz una investigación que involucraría al actual General Director de Carabineros cuando era era Comisario  de la 5a Comisaría de San Javier.

Es aquí donde se detalla, la participación en una serie de sobornos realizados durante los años 1999 y 2003, los cuales fueron otorgados para el paso frecuente de camiones con sobrecarga “escoltados” por policías. El servicio era pagado por una empresa privada llamada Alchisay la escolta la hacían efectivos de San Javier, cuyo comisario era Hermes Soto Isla. Esto se dio a conocer en ese entonces por el Desplome del Puente Loncomilla. En total se pagaron más de 58 millones de pesos, los pagos se realizaban en una primera instancia de forma diaria y presencial hasta la perfección del sistema mediante el llenado de planillas, todo esto a cargo de del nuevo director de Carabineros.

Cuando el Puente Loncomilla se desplomó en 2004, el escándalo político también golpeó a Carabineros. Una de las causas del desastre fue el paso frecuente de camiones con sobrecarga “escoltados” por policías.

El servicio era pagado por una empresa privada y la escolta la hacían efectivos de San Javier, cuyo comisario era Hermes Soto Isla. Carabineros debió abrir un sumario interno para aclarar los pagos irregulares y su jefe máximo dar explicaciones a La Moneda. La trama de esa historia, en la que el nuevo director general de la policía juega un rol estelar.

La corrupción del alto mando de Carabineros no es nueva. Se arrastra desde hace años sin que ningún gobierno le haya puesto atajo. Y el general Soto Isla la conoce bien.

Su rol en esta historia data de hace 15 años. Dineros de privados -la empresa Alchisa- que llegaban a Carabineros para pagar seguridad para sus transportes. En rigor, los vehículos de Alchisa no requerían seguridad. Era un pago de peaje para burlar la fiscalización a sus camiones con sobrecarga que cruzaron más de 600 veces el Puente Loncomilla. Cuando el puente colapsó, la investigación concluyó que esa fue una de las causas.

El entonces mayor Soto Isla conoció desde dentro esa trama de corrupción: era comisario de la 5ª Comisaría de San Javier, cuya dotación era la que realizaba esas escoltas de “seguridad”. Y a pesar de que estuvo en la vereda de los que pidieron información y explicaciones, debió asumir que todo quedó en nada. Su rol ahora, es exactamente el contrario.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

El escándalo político que provocó la caída del Puente Loncomilla fue lo que destapó el pago irregular de privados a Carabineros y la falta de fiscalización en el desastre. Víctor Vega, ya en retiro, declaró en la comisión investigadora de los diputados y también en el proceso judicial que se abrió en paralelo.

En tribunales, Vega afirmó que nadie de la jefatura de Linares ni de la nacional respondió a sus consultas cuando preguntó qué había ocurrido con el dinero de Alchisa destinado a pagar a los efectivos que escoltaban los camiones de la empresa. Es más, denunció que sus consultas fueron el gatillante de su dada de baja de la institución (septiembre de 2003).

En una oportunidad, el ex comisario mayor Soto (de la 5a Comisaría de San Javier), molesto, me dijo que el Capitán Bufadel, de Contabilidad de la Prefectura, había concurrido hasta le empresa a solicitar unos dineros a fin de arreglar su oficina, en la Prefectura de Linares, haciéndole ver a mi mayor, que dónde se encontraba ese documento, pues me dijo que lo había hecho por escrito ante el Prefecto, pero que esto se silenció muy rápido no existiendo respuesta alguna”, señaló Víctor Vega en su declaración judicial.

Ese “ex comisario mayor Soto” es el actual general director de Carabineros. La declaración de Víctor Vega también dice que el entonces mayor Soto y el “capitán Hartmann” enviaron más de 300 oficios a la Prefectura de Carabineros de Linares para solicitar el pago del dinero adeudado a los efectivos, sin obtener respuesta.

El mayor Soto Isla, solicitó a la Prefectura de Linares una relación de depósitos de la empresa Alchi S.A. y se le informó por el Prefecto que habían inversiones por $26 millones y fracción y luego entre otros documentos se habla de otros $26 millones de gastos realizados por Carabineros”, agregó Vega.

A pesar de los reclamos del mayor Soto Isla y del “capitán Hartmann, en esa fecha el dinero no llegó al bolsillo de los carabineros escoltas.

En sus declaraciones en la Cámara de Diputados y en tribunales, Vega identificó a los jefes de Carabineros que ignoraron sus reclamos y sus denuncias. Todo ello antes de que el Puente Loncomilla se cayera. Entre ellos menciona al prefecto de Linares, coronel Jaime Oyarzún, al capitán Fernando Bufadely al general jefe de la Zona del Maule, Ramón Valderrama. A este último le dijo que estaba preocupado, que después de sus reclamos notaba hostilidad de la institución hacia él y que incluso a su esposa se le prohibió participar en actividades oficiales.

No solo los dineros pagados por Alchisa se habían esfumado. La trama incluye también la desaparición de uno de los vehículos que Alchisa le pasó a Carabineros para hacer más efectiva la escolta de seguridad. Fue lo que constató Víctor Vega cuando se hizo cargo de la Comisaría de San Javier.

El comisario de San Javier jamás imaginó que con sus preguntas se iba a transformar en una piedra en el zapato de la jefatura de la policía. Para salvar las formas, el general Valderrama instruyó un sumario: concluyó sin responsables. Para sumar irregularidades, al oficial que hizo la denuncia (Víctor Vega) nunca le tomaron declaración. Vega fue dado de baja en septiembre de 2003.

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La trama de pagos de privados a Carabineros que el general Hermes Soto enfrentó

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