El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique Álvaro Mesa Latorre, procesó al exfiscal militar Alfonso Podlech Michaud, como autor de los homicidios de Pedro Arturo Ríos Castillo y Guido Raúl Troncoso Pérez, ocurridos en octubre de 1973.


El magistrado encausó al abogado asesor Alfonso Podlech como autor de los apremios ilegítimos aplicados a Ríos Castillo.

La investigación estableció, en esta etapa procesal, que:

A.- Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco, erigiéndose como Intendente el coronel comandante del Regimiento “La Concepción”, de Lautaro, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez; y como gobernador de Temuco, el coronel Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido), comandante del regimiento de Infantería n.° 8 “Tucapel” de esta ciudad, quien además quedó como jefe de la guarnición de Temuco.

B.- Que el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen un abogado de Temuco, que además era teniente de reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el regimiento “Tucapel” para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del segundo comandante, mayor Luis Jofré Soto (Fallecido). Este oficial, sin embargo, debió asumir mayores funciones como segundo comandante del regimiento Tucapel poco tiempo después. A partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas civiles al regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región, por patrullas de carabineros y militares.

Ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración, la Fiscalía Militar fue reforzada para realizar su trabajo con funcionarios del Poder Judicial que fueron solicitados a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco por el abogado anteriormente indicado, quien actuando como fiscal ad – hoc hizo una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada, tras lo cual fueron asignados en comisión de servicios algunos actuarios de diferentes tribunales y un relator de la Corte.

Debido a la falta de conocimiento en materias procesales penales sumado al poco carácter que tenía y al trabajo como segundo comandante del regimiento, el mayor Luis Jofré Soto fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor de la Fiscalía, quien comenzó a detentar el cargo de fiscal de hecho, al punto que efectuó visitas de cárcel y que los abogados, familiares e incluso dignatarios eclesiásticos le consultaban a él por el destino de los detenidos. Sin embargo, el mayor Jofré Soto Siguió firmando la mayoría de las veces el papeleo administrativo y participó en algunos interrogatorios de detenidos.

C.- Las personas llamadas a presentarse a la Fiscalía Militar y las que fueron traídas en carácter de detenidas eran mantenidas en unas dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, por los detectives de la Policía de Investigaciones agregados al regimiento o por los propios oficiales que participaban en estas actividades, algunas de ellas eran dejadas en libertad, otras eran enviadas a sus casas con arresto domiciliario y otras eran conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal.

D.- el 11 de septiembre de 1973, la victima Pedro Ríos Castillo, fue llamado a través de los medios locales (radio y periódicos), con el objeto de que se presentara ante las autoridades militares de Temuco, en virtud de ello se presentó voluntariamente ante la fiscalía militar de Temuco, en compañía de su hermano Pablo Juan Carlos Ríos Castillo, lugar donde prestó declaración y luego fue dejado en libertad. Luego de su comparecencia ante el tribunal castrense la victima Ríos Castillo, viajó hasta la ciudad de Los Ángeles, donde se encontraban su mujer y sus hijos. El 13 de septiembre fue detenido por efectivos militares, pertenecientes al regimiento de infantería N°17 de “Los Ángeles”, siendo detenidos igualmente su cónyuge, su hijo de 11 años de edad y la empleada de la casa. La cónyuge del sr. Ríos Castillo y la empleada, fueron llevadas hasta un hogar de monjas llamado “Pastor de los Ángeles” en tanto que la víctima junto a su hijo fueron trasladados hasta el regimiento de los Ángeles, en horas posteriores el niño fue dejado en libertad, mientras que la víctima permaneció recluido en las caballerizas del regimiento. Con fecha 18 de septiembre de 1973 el señor Ríos Castillo fue trasladado hasta el regimiento de infantería N°8 Tucapel de la ciudad de Temuco y en dicho lugar ordenaron su internación en la cárcel pública de la misma ciudad, lugar donde fue visto por don José Santiago Rodolfo Araya Massry, y Elias Amar Amar quienes también estuvieron detenidos en ese lugar. Desde la cárcel fue sacado por funcionarios militares en tres ocasiones y llevado hasta regimiento “Tucapel”, quedándose en el último de sus traslados en dependencias del citado regimiento hasta el 02 de octubre aproximadamente, donde fue visto por Hernán González Wood, quien se encontraba en la misma situación que la victima de autos, lugar donde fue sometido a crueles torturas e interrogaciones, siendo comunicada su muerte mediante el bando militar N°9 de la Comandancia de Guarnición de Temuco de fecha de fecha 05 de octubre de 1973, por supuesta agresión a personal Militar.

E.- En el caso de Guido Troncoso Pérez, este fue detenido en días posteriores al 11 de septiembre de 1973, por funcionarios militares pertenecientes a la base aérea de Maquehue de Temuco, testigos de su detención fueron su hermano Eliseo Troncoso Pérez y su primo Pablo Alarcón Pérez, siendo trasladado a la Base Maquehue, lugar donde fue interrogado bajo la aplicación de torturas y luego dejado en libertad. Su segunda detención ocurrió a manos de funcionarios de la Policía de investigaciones de Chile, los primeros días de octubre de 1973, donde nuevamente su primo fue testigo de la detención, junto a otros familiares, sin que se les dijera en ese momento los motivos de la detención y el lugar donde seria llevado. Luego de una infructuosa búsqueda por parte de sus familiares, se les dijo que la víctima Troncoso Pérez, estaba en el regimiento Tucapel de Temuco, sin embargo al día siguiente se da a conocer la noticia de la muerte de la víctima, mediante el Bando N°9 ya citado, quien habría sido ejecutado por agresión a personal militar.

F.- Que los hechos antes mencionados, debieron ser conocidos por el Teniente en Reserva, ya que como se mencionó en la letra B de esta resolución, actuaba desde el 11 de septiembre de 1973 como Abogado asesor y Fiscal Militar ad-hoc del Regimiento Tucapel de Temuco, interrogando a los detenidos, y decidiendo el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha las facultades decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado regimiento. Además, en su calidad de Fiscal Ad-hoc y Abogado Asesor de la Fiscalía Militar, no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de estos hechos. Eran tales las facultades que tenía este abogado que según los propios dichos del Jefe de Guardia de la cárcel Pública de Temuco, para octubre de 1973, en su declaración de fs.469, manifestó que: atendida la sobrepoblación luego del 11 de septiembre de 1973, fue a hablar con el encargado de la fiscalía militar, aludiendo al abogado antes mencionado, quien “normalizó la situación”.

Corolario de lo anteriormente expuesto son las múltiples aseveraciones que han efectuado miembros que prestaron funciones al interior del regimiento para la época de los hechos investigados, a saber: en dichos de Aquiles Poblete Muller (Fallecido), Comisario en situación de retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, en su declaración de fs.404 a 405 expreso “el gran responsable de todo esto, y quien decidía el destino de los detenidos es el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar”. En este mismo orden de ideas resulta relevante tener presente lo explicitado por el Sargento Primero del Regimiento Tucapel, José Heriberto Mansilla, quien en su declaración judicial de fs.936 señaló: “…a septiembre de 1973, el segundo comandante del regimiento de apellido Jofré, no tomaba declaraciones. Iturriaga Marchesse solo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto a los detenidos, era de Alfonso Podlech”.

Asimismo y para reforzar lo manifestado ad-supra, es de suma importancia mencionar el documento que rola a fs.1.143 que da cuenta de una orden de libertad de dos personas, de fecha 28 de septiembre de 1973, emitido por la Fiscalía Militar de Temuco, y firmada por el abogado y fiscal militar ad-hoc en comento, aquello en relación con lo que concluye en el informe pericial documental rolante de fs.1.456 a fs.1.484, Emitido por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que entre otras cosas concluye lo siguiente: “los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer, que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en la orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la Fiscalía Militar Cautín Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaria Villarrica, la cual dispone la Libertad de Mario Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Vargas, es Genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud”, lo que de igual forma se vincula directamente con el informe pericial documental Elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de Policía de Investigaciones de Chile, traído a la vista desde la causa 113.985 y rolante de fs.1.768 a fs.1.774, en cuanto concluye lo siguiente”…la evaluación de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto Luis A.Jofre Soto Mayor Fiscal, en la copia de autorización fechada en Temuco el 18.DIC.973, dirigida al doctor Wolfgang REUTERB, Hospital Regional, emanada de la fiscalía militar cautín – Temuco del Ejercito de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud…” Lo anteriormente expresado corrobora la responsabilidad en estos hechos, del abogado asesor y exfiscal militar ad-hoc, antes mencionado.


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