El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá zanjar si los querellantes, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Partido Socialista (PS) y la Fundación Ciudadano Inteligente, pueden seguir interviniendo y acusar particularmente.

Esto luego de que las defensas solicitaran excluirlos tras la decisión de la Fiscalía de eliminar la imputación por cohecho, recalificándolo como enriquecimiento ilícito.

La abogada consejera María Inés Horvitz acusó un actuar ilegal por parte del Ministerio Público al reformalizar la investigación.

“Lo que aquí se ha visto es que se han eliminado hechos que fueron parte de una formalización previa. Vamos a sostener que ésta es una práctica ilegal, con fraude a la ley, y que debe ser rechazada por completo por afectar diversos principios de nuestro sistema de justicia criminal”, aseveró.

Fiscal Guerra: No había elementos para acreditar cohecho

Mientras que el fiscal Manuel Guerra explicó que no había elementos para acreditar el cohecho.

“Lo hemos hecho porque hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar ni sustentar seriamente una acusación en esos términos, y creemos que los hechos que el Ministerio Público puede probar son, en definitiva, aquellos que dan cuenta de un delito de enriquecimiento ilícito”, manifestó el persecutor.

Además, dio cuenta que “al ser el Ministerio Público el titular de la formalización de investigación puede, a nuestro juicio, reemplazar y, por ende, dejar sin efecto la formalización anterior”.

Lo que no podría ocurrir, porque sería inexplicable, es que coexistiesen distintas formalizaciones: La que le gusta a los querellantes y la que no les gusta“, aseveró.

Más temprano, la Fiscalía informó que solicitará una pena de cuatro años de cárcel con cumplimiento en libertad contra los controladores del Grupo Penta y también una multa que llega a 1.700 millones de pesos.

La fundación Ciudadano Inteligente, parte querellante del caso Penta “en representación de la sociedad civil”, cuestionó que el Ministerio Público “haya renunciado a juzgar” por cohecho a Pablo Wagner y por soborno a Carlos Lavín y Carlos Délano.

A través de una campaña lanzada a través de redes sociales, la ONG llamó a la ciudadanía a decir “#NoMásCorrupción”, para que los casos de financiamiento ilegal “se castiguen como corresponde” y además “se hagan reformas profundas para que no se repitan”.

Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, dijo que “es importante que se sepa que lo que hicieron Carlos Lavín, Carlos Délano, Pablo Wagner y todos los involucrados en el financiamiento ilegal no fue evadir impuestos. Fue tratar de comprar la democracia chilena, y creer que el dinero podía primar sobre el deber de representar el interés de la ciudadanía”.

Así opinan en las redes sociales.

 

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