La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) manifestó su “profundo dolor y preocupación” ante la media sanción que obtuvo el proyecto de aborto legal en la Cámara de Diputados y se comprometió a fortalecer la campaña contra la iniciativa.

No callaremos nuestra voz en favor de las dos vidas, sino que multiplicaremos nuestros esfuerzos por los derechos del niño por nacer y las madres que lo llevan en su vientre”, indicó la agrupación en un comunicado.

En esta línea, los referentes evangélicos sostuvieron que seguirán trabajando en conjunto con todas las organizaciones “provida”, que en las últimas manifestaciones se identificaron con pañuelos celestes.

Para Aciera, el proyecto de ley que busca la legalización del aborto “no resuelve” la concepción no deseada. En el escrito, fundamentaron que el Estado “tiene una deuda pendiente” para mejorar el sistema de salud pública que, según ellos, está colapsado.

Por este último motivo, la agrupación pidió que se implementen políticas públicas de protección y acompañamiento a madres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad; como así también la educación sexual integral.

La alianza de iglesias evangélicas ya se había pronunciado en contra del proyecto, inspirado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, antes que llegara al recinto de la Cámara de Diputados.

En esta instancia, habían aclarado que sus argumentos no eran solo religiosos sino también “científicos, racionales y éticos”. Y aseguraron que es falso que el inicio de la vida humana corresponda con una “construcción social”.

El proyecto en el Senado

Después de la media sanción en Diputados, el proyecto por el aborto legal llegó al Senado y ya dividió las aguas. Mientras algunos legisladores, como Miguel Ángel Pichetto, apuntan a un tratamiento rápido, otros insisten en que pase por las comisiones para resolver sus dudas.

El proyecto garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, de gestación. Fuera de este plazo hay tres excepciones: si fue producto de una violación, si está en riesgo la vida de la madre o su salud, y si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

Además, determina que la mujer tiene derecho a acceder a la práctica en un plazo máximo de cinco días de corrido desde su requerimiento. Tanto antes como después de la interrupción de su embarazo, el centro médico debe contenerla a través de consejerías.

De acuerdo con la iniciativa, “los directivos de los establecimientos de salud deben garantizar la práctica sin ninguna autorización judicial previa” y “no podrán imponer requisitos de ningún tipo que “dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción”.

FUENTE- tn.com.ar/

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